Después del ictus, mi hijo Javier entró a mi despacho con una carpeta azul y una sonrisa ensayada. Yo aún arrastraba la pierna derecha y buscaba palabras como quien busca llaves perdidas. “Mamá, no es un castigo”, dijo, mientras la socia menor, Clara, evitaba mirarme a los ojos. “Los clientes necesitan estabilidad. Yo firmo y tú descansas”. Me pusieron delante un poder notarial y un acta del consejo. Firmé temblando, convencida de que era temporal. Al día siguiente, mi tarjeta de acceso ya no abría la puerta; en recepción me dijeron que mi despacho estaba reasignado.
Para no hundirme, empecé a ser voluntaria en el Centro Cívico de San Blas. Ayudaba con formularios, mediaciones vecinales, pequeños trámites. Allí conocí a Mateo Rojas, un hombre de manos ásperas y camisa gastada que pedía orientación por un desahucio. Tenía la mirada de quien ya no confía en nadie. Le expliqué opciones, plazos, cómo pedir justicia gratuita. Antes de irse, me agarró la muñeca con una fuerza contenida. “Usted es Isabel Montes, ¿verdad?”, susurró. Me sorprendió que supiera mi nombre.
Volvió una semana después, cuando el centro estaba casi vacío. Se sentó frente a mí y dejó sobre la mesa una carpeta marrón, sellada. “No vengo por mi caso”, dijo. “Vengo porque su hijo me buscó a mí. Y porque usted está en peligro”. Mi pecho se apretó. Intenté reír, pero la risa se me quedó a medias. Mateo abrió la carpeta: había copias de transferencias, correos impresos y un documento con mi firma… una firma idéntica, pero yo no recordaba haberla puesto ahí. En la esquina, el sello del juzgado.
“Javier presentó esto para atribuirle a usted una cuenta opaca”, murmuró Mateo. “Yo trabajaba en la gestoría que movía el dinero. Cuando pregunté, me echaron. Y ahora me quieren culpar a mí también”. Sentí la sangre helarse. “¿Por qué me lo trae?”, logré decir. Mateo bajó la voz: “Porque mañana hay una citación. Y el nombre que figura como responsable es el suyo”.
En ese instante, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté y una voz seca dijo: “Señora Montes, tiene que presentarse a declarar. No falte”. Levanté la vista y vi a dos agentes entrar al centro mirando alrededor, como si ya me estuvieran buscando.
Parte 2
No esperé a que los agentes me alcanzaran. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón, y caminé hacia la salida lateral del centro. Mateo me siguió sin hacer preguntas. Afuera, el aire frío me devolvió un poco de lucidez. “No estoy huyendo”, dije, más para convencerme que para explicarle a él. “Solo necesito un abogado… y tiempo”. Llamé a Clara, mi antigua socia, pero me rechazó la llamada dos veces. Al tercer intento, contestó con un hilo de voz: “Isabel, no me metas en esto”.
Me refugié en el pequeño piso de mi hermana Teresa. Allí, con la carpeta abierta sobre la mesa, revisé cada hoja. Las transferencias salían de una cuenta a nombre del despacho y terminaban en una sociedad pantalla. Había correos donde alguien usaba mi dirección profesional para autorizar pagos “urgentes”. Todo estaba diseñado para que pareciera mío. Mateo señaló un detalle: “Mire el horario. Siempre de madrugada. Usted estaba en rehabilitación, ¿no?”. Asentí. Tenía informes, citas y firmas de asistencia; podía demostrar dónde estaba.
A la mañana siguiente, me presenté voluntariamente en comisaría con Teresa y Mateo. Pedí hablar con el instructor y entregué una copia de la carpeta. “No vengo a negar”, dije. “Vengo a denunciar una suplantación”. Me tomaron declaración, revisaron mis teléfonos y anotaron el nombre de la gestoría. Al salir, un periodista ya esperaba. “¿Señora Montes, robó dinero de su propio bufete?”, gritó. Sentí el golpe en la garganta, pero seguí caminando.
Esa tarde, por fin, Clara aceptó verme en una cafetería discreta. Llegó con gafas oscuras y el miedo en la cara. “Javier firmó acuerdos con un fondo”, confesó. “Usó el despacho como garantía. Cuando no pudo cubrir los pagos, movió dinero de cuentas de clientes. Yo lo vi, pero… me amenazó con hundirme contigo”. Me temblaron las manos. “¿Y mi poder notarial?”, pregunté. Clara apretó los labios: “Lo amplió. Registró modificaciones sin decírtelo. Hay un notario que lo avaló”.
Esa noche fui a la calle de mi antiguo despacho. No entré; la alarma me delataría. Me quedé en la acera, mirando mi nombre aún en el rótulo, como si fuera el de una desconocida. Javier salió con traje impecable. “Mamá, ¿qué haces aquí?”, soltó, fingiendo sorpresa. Le mostré el documento con mi firma falsa. “Dime la verdad”, le pedí. Su mirada se endureció. “La verdad es que me dejaste una empresa enferma”, dijo. “Yo solo la salvé. Y si caes tú, al menos el despacho sigue”.
Parte 3
Al día siguiente, respiré hondo y volví a actuar como abogada, aunque ya no tuviera despacho. Presenté una denuncia formal por falsedad documental y administración desleal, y pedí medidas cautelares para bloquear las cuentas vinculadas a la sociedad pantalla. Teresa me ayudó a ordenar cronologías; Mateo aportó mensajes de la gestoría y el nombre del notario. También reuní informes médicos que demostraban mi incapacidad funcional en las fechas de las supuestas autorizaciones. No era una historia: era mi vida, y estaba en juego.
El juez aceptó revisar la documentación y, en menos de una semana, ordenó un registro en el bufete. La noticia se filtró rápido, pero esta vez el titular cambió: “Investigan al hijo de la abogada Montes por desvío de fondos”. Aun así, yo no celebré. Ver a Javier esposado en la entrada del edificio me partió en dos. Él me buscó con la mirada, rabioso. “¡Me traicionaste!”, gritó. Me acerqué lo suficiente para que solo él me oyera: “Te protegí cuando firmé confiando en ti. Tú me usaste”.
En la instrucción apareció lo peor: había dinero de clientes vulnerables, indemnizaciones y herencias, usado como parche para tapar deudas del fondo. Clara declaró y aportó correos internos. El notario, presionado, admitió que Javier había llevado “autorizaciones” sin mi presencia, apoyándose en una copia antigua de mi DNI. Con esos elementos, el juez archivó mi imputación y me reconoció como perjudicada. La vergüenza pública no se borró de un día para otro, pero al menos mi nombre dejó de ser sospechoso.
Meses después, recuperé el control del despacho mediante una administración provisional y un acuerdo con los acreedores. No volví a trabajar como antes; mi cuerpo seguía recordándome el ictus. Abrí una pequeña consulta de orientación jurídica en el mismo centro comunitario donde todo empezó, con horarios realistas y una regla clara: ningún poder se firma sin leer y sin asesoramiento independiente. Algunos antiguos clientes regresaron con cautela; otros no volvieron, y lo entendí. La confianza se reconstruye lento, pero se reconstruye.
Mateo consiguió frenar su desahucio y, por primera vez, sonrió sin desconfianza. Javier aceptó un trato y asumió responsabilidad. No lo odio, pero tampoco lo justifico. A veces me pregunto en qué momento confundió “salvar” con “arrasar”. Si esta historia te removió, cuéntame: ¿qué habrías hecho tú en mi lugar, denunciar a un hijo o callar para evitar el escándalo? Te leo en comentarios, y si quieres más relatos reales como este, dímelo también.
